Las Personas con Discapacidad Temen Perder Protecciones Si Triunfa la Demanda de los Estados

Una demanda que actualmente desafía la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 podría poner en peligro las protecciones esenciales para millones de personas con discapacidad en Estados Unidos. La Sección 504 es una ley fundamental que obliga a garantizar el acceso y las acomodaciones para las personas con discapacidad en la vida pública. La demanda, presentada por el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, cuestiona las regulaciones actualizadas que buscan garantizar un mejor acceso a tratamientos médicos, sitios web y la integración social de las personas con discapacidad.

El centro de la demanda es el cuestionamiento de la aplicación de estas regulaciones, particularmente la inclusión de la disforia de género en la definición de discapacidad según la ley. Sin embargo, las implicaciones de esta demanda van mucho más allá, ya que los defensores temen que pueda llevar a recortes en los servicios financiados por Medicaid que ayudan a las personas con discapacidad a vivir de manera independiente y evitar la institucionalización.

Para personas como Jennifer Kucera, que depende de Medicaid para recibir servicios de cuidadores diarios debido a su distrofia muscular, las consecuencias potenciales son aterradoras. "Básicamente, estoy luchando por mi vida", dice Kucera, quien teme que una decisión favorable para los estados podría poner en peligro su capacidad para vivir en casa con la asistencia necesaria.

El caso también desafía las protecciones legales que impiden que las personas sean forzadas a vivir en instituciones, una práctica común antes de la implementación de la Sección 504. La demanda podría deshacer las protecciones establecidas por la histórica decisión Olmstead de 1999, que ordenó que las personas con discapacidad recibieran servicios en el entorno menos restrictivo posible.

Los defensores de los derechos de las personas con discapacidad subrayan que esta demanda es parte de una tendencia más amplia de intentos de recortar fondos para servicios esenciales, incluido Medicaid. Los expertos legales creen que una sentencia a favor de los estados podría sentar un peligroso precedente, debilitando las protecciones de derechos civiles no solo para las personas con discapacidad, sino también para otros grupos vulnerables protegidos por leyes similares.

A medida que la demanda avanza, las personas con discapacidad y los defensores permanecen profundamente preocupados por la posible pérdida de servicios y protecciones que se han logrado con esfuerzo durante décadas. El resultado de este caso podría redefinir los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos, dejando a muchos inciertos sobre su futuro acceso a los servicios necesarios para vivir de manera independiente y con dignidad.